Con el objetivo de prevenir los actos de corrupción y restablecer los daños generados por ella, en enero de 2022 fue sancionada la Ley 2195. Esta ley incluye varias disposiciones nuevas y modifica diversas normas, como el Código de Comercio, la Ley 1774 de 2011 y la Ley 1778 de 2016.

Las medidas de transparencia y prevención de la corrupción adoptadas por la Ley 2195 impactan tanto en el sector público como en el privado, al regular los siguientes aspectos en cada uno de sus capítulos: (i) fortalecimiento de la responsabilidad de las personas jurídicas por actos de corrupción (ii) los sistemas de administración de bienes de la Fiscalía General de la Nación y extinción de dominio (ii) beneficiarios finales (iv) sistemas de intercambio de información, articulación y colaboración en la lucha contra la corrupción (V) pedagogía para la promoción de la transparencia y la lucha contra la corrupción (vi) fortalecimiento administrativo para la lucha contra la corrupción (vii) modificaciones a la acción de repetición (vii) disposiciones en materia contractual para la moralización y la transparencia (vii) disposiciones en materia de daños y reparación de los afectados por actos de corrupción (viii) disposiciones en materia de responsabilidad fiscal.

En materia penal la Ley 2195 resulta relevante toda vez que establece responsabilidad administrativa de personas jurídicas y sucursales de sociedades extranjeras por la comisión de algunos delitos que cometan sus administradores o funcionarios. Esto sucede siempre que exista una sentencia condenatoria ejecutoriada o un principio de oportunidad en firme, que la persona jurídica se haya beneficiado o haya buscado beneficiarse del delito, y que haya consentido o tolerado la acción punible. Esta responsabilidad administrativa se aplica únicamente en relación con decisiones proferidas en casos de delitos contra la administración pública, el medio ambiente, el orden económico social, la financiación del terrorismo, conductas ejecutadas por grupos de delincuencia organizada, administración de recursos relacionados con actividades terroristas o delincuencia organizada, los consagrados en la Ley 1474 de 2011[1], o cualquier conducta relacionada con el patrimonio público. 

En relación con estas conductas la Ley 2195 establece sanciones administrativas y su graduación así: 

  • Multa de hasta de hasta doscientos mil (200.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
  • Incapacidad para contratar con el Estado.
  • Publicación en medios de amplia circulación nacional, cuyo costo corre a cargo de la persona jurídica sancionada.
  • Prohibición de recibir incentivos del Estado por 10 años.
  • Remoción de directores y otros funcionarios de la persona jurídica o sucursal de una empresa extranjera que hayan sido condenados o sujetos a un principio de oportunidad en firme.
  • Destitución de administradores y otros funcionarios que hayan consentido o tolerado la comisión del delito.

Esta norma busca, entonces, que las personas jurídicas sean responsables por el actuar ilegal de sus administradores y funcionarios, cuando aquellas han consentido, tolerado o no han tenido controles suficientemente robustos para impedir que a través de su estructura se cometan este tipo de delitos, lo que indica de cierta manera que el legislador pretende que dichos entes empleen las medidas de diligencia necesarias de cara a evitar la comisión de delitos por parte de sus trabajadores. Aunque la norma contiene, desde el punto de vista de técnica legislativa, imprecisiones y términos bastante amplios, que abarcan una serie de conductas y sujetos indeterminados, sí implica  que las empresas deben fortalecer la diligencia para la prevención de estos delitos, ya que, en últimas, será su única defensa ante una investigación iniciada por las entidades competentes.


[1] la Ley 1474 de 2011 había establecido medidas administrativas frente a la corrupción, dirigidas a las personas naturales declaradas responsables penalmente por los delitos que tuvieran relación con el hecho de pertenecer, promover o financiar grupos ilegales, delitos de lesa humanidad, narcotráfico en Colombia o en el exterior, o soborno transnacional. Además, esta ley estableció medidas penales de acuerdo con las cuales se excluyeron los beneficios en los delitos contra la Administración Pública, estafa y abuso de confianza que recaigan sobre los bienes del Estado, utilización indebida de información privilegiada, lavado de activos y soborno transnacional. También la Ley 1474 de 2011 incorporó dentro de los delitos contra el patrimonio la corrupción privada, la administración desleal, el fraude en subvenciones y el trafico de influencias de particular y, modificó los delitos de evasión fiscal, enriquecimiento ilícito, soborno trasnacional, soborno y soborno en actuación penal.

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