Por: Juan Camilo Boada Acosta

Actualmente en el Congreso de la República cursan dos proyectos de ley en los que se propone la adopción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas[1]. La idea no es del todo novedosa en el medio colombiano, y en el contexto latinoamericano ya tiene una importante acogida[2]. Sin embargo, ese característico fetichismo legal no tiene mucho piso con esa iniciativa. A continuación expongo un par de puntos relevantes a tener en cuenta.

En primer lugar, hay que pensar en el objetivo de dicha figura. Eso implica que entonces hay que ir más atrás: ¿cuáles son los objetivos del Derecho Penal? Pues bien, independiente de las denominaciones que se usen, esta rama busca proteger bienes jurídicos de los ciudadanos. Busca evitar delitos, lo que se refiere, en principio y en teoría, a las más graves afectaciones a los derechos de los asociados. Siendo así, la pregunta a resolver es la siguiente: ¿sirve esta figura para prevenir delitos? 

El poder disuasorio, usualmente sobrestimado, del Derecho Penal es la amenaza de la privación de la libertad. Con la responsabilidad penal de personas jurídicas no entra nadie a la cárcel, pues vulneraría claramente la presunción de inocencia[3], sino que se tiende a amenazar con multas o cancelación de la persona jurídica. Dicha responsabilidad es independiente de la de la persona natural. ¿Será entonces tan poderosa la amenaza penal bajo estas condiciones? ¿No se trata entonces de una sanción administrativa en una sentencia penal?

En segundo lugar, hay otro punto muchas veces es olvidado: el práctico. El sistema procesal penal acusatorio se implementó hace más de quince años y a pesar de eso muchos de sus actores todavía no han lo han interiorizado. Basta con mirar reciente jurisprudencia en la que la Corte Suprema declara nulidades porque algunos abogados actuando bajo las formas de la Ley 600, complicando los intereses de sus representados[4]. Incluso, sin ir muy lejos, el año pasado la misma Corte Suprema tuvo que declararse a ella misma una nulidad en sede de tutela por haber considerado que la imposición de una medida de aseguramiento más drástica que la solicitada por la Fiscalía no vulneraba derechos fundamentales[5]

Imaginemos entonces jueces en las zonas rurales del país, los cuales muchas veces terminan siendo jueces promiscuos que deben aplicar todas las ramas. No olvidemos que mucha de la delincuencia empresarial tiene que ver con delitos ambientales o violaciones a derechos humanos que ocurren en zonas en las que el Estado apenas se asoma. Ahora, incluso en grandes ciudades como Bogotá la implementación de dicha figura requeriría una gran preparación que implica importantes inversiones. Siendo así, antes que pensar en figuras cuya efectividad está lejos de estar probada debería invertirse en preparación de jueces, fiscales e investigadores, en herramientas que permita atacar la grave congestión judicial o en la justicia digital, la cual necesitó una pandemia para empezar a ser realidad.

En resumen, la responsabilidad penal de personas jurídicas es una propuesta a primera vista atractiva. Sin embargo, como usualmente pasa con las iniciativas penales, pueden ser muchos más los problemas que provoca que los que resuelve. Espero entonces que estas iniciativas no prosperen y por el contrario el legislador trate de pensar en soluciones realmente efectivas para atacar delitos en los que la empresa simplemente es una herramienta para cometer delitos y no un sujeto que los comete.

Fecha de redacción: 6 de noviembre de 2020


[1] Proyecto de ley 149 de 2020 de la Cámara de Representantes y Proyecto de Ley 178 del Senado. 

[2] Por ejemplo, en Chile y en Perú ya existe este tipo de responsabilidad penal. 

[3] No sólo porque el modelo de atribución que ha venido tomando fuerza en países como España o los mencionados en la anterior nota al pie no generan responsabilidad de la persona natural a partir de la de la persona jurídica, sino que si así fuera, ya la Corte Constitucional rechazó esa posibilidad. Cfr. Sentencia C-320 de 1998. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

[4] Por ejemplo, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Sentencia del 6 de marzo de 2019. Rad. 53.075. M.P. José Luis Barceló Camacho. En esa oportunidad declaró una nulidad por falta de defensa técnica del acusado. Entre otras consideraciones, afirmó: “En consecuencia, era insólito que el defensor albergara la esperanza de que, dentro de tal régimen procesal, la Fiscalía, por solicitud suya, fuera a recolectar evidencias cuyo recaudo estaba pensado para destruir la teoría del caso del órgano de persecución penal y favorecer la tesis defensiva,  como en este caso, mediante la solicitud de información al Instituto Geográfico Agustín Codazzi o la asignación de una misión de trabajo a funcionarios de policía judicial para la elaboración de un plano topográfico que detallara los límites de los predios.”

[5] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Sentencia STP7721-2019 del 11 de junio de 2019. M.P. Patricia Salazar Cuéllar. La sentencia dejada sin efectos fue la Sentencia STP6632 del 28 de mayo 2019, con ponencia de la misma magistrada.

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