Por: Germán Andrés Ortega

¿Qué pasaría si un familiar nuestro fuera quien estuviera en todas las portadas de los medios de comunicación por “presuntamente” haber cometido un delito? 

Con el pasar de los años, los medios de comunicación de este país se han encargado de valorar lo que está bien y lo que está mal cuando un caso relevante para el derecho penal sale a la luz pública. 

Al respecto, convendría reflexionar sobre la forma en que los medios de comunicación tergiversan su función de informar acerca de un caso concreto, para en su lugar, anticipar juicios de responsabilidad penal con el propósito de satisfacer a un público que, en el contexto colombiano, tiene expectativas de castigo rápido y efectivo.

En otras palabras, en este país, los medios no informan; se dedican, lastimosamente, a “vender” noticias para construir una conciencia colectiva sobre la “verdad” de lo sucedido y sobre la indiscutible responsabilidad del implicado. Es decir, en Colombia, las personas son condenadas (colectivamente) incluso antes de que se inicie un proceso en su contra. 

Esta situación se conoce, generalmente, como los denominados “juicios paralelos”. Y es especialmente problemática porque el juez, antes de conocer el caso, se encuentra sometido a la verdad previamente creada por los medios y, por tanto, si decide en contra de esta versión de lo sucedido, será sancionado públicamente como vemos cotidianamente en los reportes de prensa.  

Así las cosas, el panorama es catastrófico. En un Estado Social de Derecho (como se supone que es el nuestro) las personas deberían ser condenadas por un juez imparcial. Y no, como es práctica reiterada, con base en las pretensiones de una sociedad que, alimentada por las falacias de la prensa, solo busca el mayor castigo y sufrimiento para el sujeto en cuestión. 

Esto genera mucha impotencia. No es fácil aceptar que todo lo que aprendemos en la carrera sobre el garantismo penal y demás teorías afines, se esfuma en la práctica en un abrir y cerrar de ojos. 

¿El garantismo existe entonces, solo en la cabeza de los abogados?

Pero esto no es todo. El derecho penal también es utilizado como una bandera política para que los congresistas -nuestros Padres de la Patria- obtengan mayores votaciones a costa de ofrecer un aumento de las penas que es, claro está, lo que busca el pueblo. En breve: puro populismo punitivo.

Después de tantas reflexiones, surgen, entonces, los siguientes interrogantes que espero hagan replantearse opiniones al lector: ¿se ve entorpecida la administración de justicia por culpa de los medios? ¿estar involucrado en un proceso penal te hace perder la dignidad como ser humano? ¿realmente el aumento de las penas disminuye los delitos? ¿sabemos cómo es pasar un día en la cárcel? 

Sobre esto existen muchas respuestas, pero desafortunadamente la opinión general que se oye en la calle, en procesos como el de los hermanos de Rafael Uribe Noguera, es que tenían que meterlos presos, que debían pagar por lo que hicieron e infinidad de falacias ad consequentiam y ad hominem, sencillamente porque aquello que podemos llegar a conocer de un caso se termina con apagar la televisión y comentar “que paguen con cárcel”. 

La reflexión de todo esto: vivimos en una época en la que lo que vende es el amarillismo y los medios de comunicación se encargan de mostrar una cara de los hechos que se acopla a lo que la gente quiere ver, de forma que se termina exigiendo el mayor castigo para el otro, sin tan solo ponernos en sus zapatos o, incluso, más sencillo: dándole un voto de confianza presumiendo su inocencia. 

Debemos confiar más en nuestro sistema de justicia y permitir que el derecho penal actúe bajo sus funciones y fundamentos que, para el infortunio de muchos, sigue siendo un modelo garantista. 

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